Por Lefteris, Benito, Gilberto, Radio Zapatista Sudcalifornian@

Uno de los objetivos de todo diálogo es el acuerdo. Hay tres principios que hacen posible un ejercicio de esta naturaleza. El primero es que en un diálogo regularmente intervienen más de dos formas distintas de pensar. El segundo es que los interlocutores deben reconocer la diferencia entre ellos y dejarse afectar, lo cual es condición necesaria para el consenso. El tercero, es que quienes portan y comparten sus opiniones participan en igualdad de condiciones. En este sentido un diálogo bajo fuego, con amenazas ocultas en el discurso y la intimidación debajo de la manga, no es diálogo. Es cualquier otra cosa pero diálogo no.

Mencionamos esto porque en pleno proceso de negociación entre los representates de  MIRA companies y los pescadores de Todos Santos para destrabar el problema de Tres Santos, la empresa turística y el gobierno de Mendoza Davis mandan otro mensaje a los sudcalifornianos. Como si se tratara de una secuencia de la Ley de Herodes, o te chingas o te jodes, el día de ayer fueron ratificadas las demandas por despojo e invasión contra activista y defensores de la playa Punta Lobos, con las que desde hace un mes venían amenazándolos para que dejaran de defender el territorio de todos.

Independientemente de que las demandas estén mal elaboradas y no procedan, según lo expresado por el representante legal de los cooperativistas, el lic. John Moreno -quien también está demandado-, preocupa  el mensaje que manda el gobierno de Baja California Sur ha quienes han decidido dignamente levantarse del sillón y defender la península de los proyectos que violentan fuertemente el ecosistema, la cultura y nuestra memoria, es decir, el territorio.

Es cierto que el gobernador hace unos días dijo que la justicia o es rápida o no es, pero no deja de extrañar que trabajen a esa velocidad. Y extraña, por ejemplo, porque desde hace más de un año la familia Cordero tiene demandas puestas contra Desarrollos Zapal, promovente del proyecto minero Los Cardones, por intento de despojo, robo y agresiones y es hora que no se hace absolutamente nada para remediar el problema. De hecho ha habido balazos por parte de la empresa de seguridad contratada por Desarrollos Zapal, amenazas de muerte y el gobierno ha hecho coso omiso de ellos. En cambio, Tres Santos metió la demanda el 15 de diciembre del año pasado. Nadie supo nada de esta denuncia, hasta que el 26 de enero de este 2016, en un momento crítico para la lucha por la defensa de Punta Lobos y en medio de la campaña gubernamental contra extranjeros que apoyaban la lucha de los pescadores, las autoridades fueron a los domicilios de los activistas para avisarles que pronto les llegaría la notificación para presentarse a declarar por una supuesta demanda que había en su contra. Si, aunque parezca extraño les notificaron que pronto les llegaría  oficialmente un requerimiento para declarar. Según un video presentado por Baja Sur TV, estos actos intimadotorios no correspondía a ninguna diligencia oficial y no tenían otro objetivo más que el de alejar a los activistas de la lucha. Obviamente no pasó lo que esperaban que pasara.

En las últimas dos semanas de enero, con las amenazas a cuestas, cientos de activistas a través las redes sociales y medios libres denunciaron la complicidad del gobierno del Estado, específicamente del coordinador General de Desarrollo Sustentable Rodrigo Andrés de los Ríos  con los representantes del capital inmobiliario turístico, particularmente con la arquitecta Beatriz Ledezma, encargada del proyecto de Tres Santos. De forma amañada,  firmaron un convenio con la mesa directiva destituida según el acta de la asamblea llevada a cabo el 22 de enero de este año. Vale comentar que este convenio, reconocido en las oficinas del subsecretario Esteban Beltrán como apócrifo hasta el 4 de febrero del presente año por la arquitecta Ledezma y el mismo subsecretario, sirvió de pretexto para reprimir a los manifestantes un par de días antes.

Crónica de una represión anunciada

Hay que recordar que el pasado 2 de febrero el gobernador descaradamente acató las órdenes de los ejecutivos de Tres Santos y reprimió con la fuerza pública a pescadores de Punta Lobos, sus familias y personas solidarias con quienes desde octubre del año pasado habrían montado un campamento a la orilla del camino vecinal que lleva a la playa y a la construcción de la primera fase del proyecto turístico.  El plantón fue decido en asamblea por los cooperativistas, con el objetivo de parar la construcción del hotel boutique de Tres Santos  y evidenciar las irregularidades sobre la tenencia de la tierra, el despojo de la playa historicamente habitada por ellos, las afectaciones materiales a sus herramientas de trabajos ocasionadas por dicha construcción y por supuesto, la destrucción de más de una hectárea de mangle dulce entre otra flora y fauna de la región, protegida por cierto, por normas ambientales. El oficial al mando del  operativo violento del 2 de febrero, justificó su acción frente al representante legal de los cooperativistas, haciendo público un documento firmado por ejecutivos de MIRA Companies donde explícitamente dice que requiere la fuerza del estado para seguir con la obra. El gobernador hizo caso omiso a lo que más de 100 familias que historicamente han vivido de la pesca ribereña en Todos Santos le han venido diciendo desde hace meses. Sin embargo sólo bastó una solicitud de los representantes de Tres Santos, para intentar callar a macanazos a los pescadores de Punta Lobos.

No a todos sorprende la cera en los oídos del gobernador, tampoco la represión contra los pescadores de Punta Lobos y menos aun el servilismo de su actuar frente a los intereses del gran capital. Es importante hacer memoria y recordar que en plena jornada de lucha contra la minería tóxica Mendoza Davis amenazó a la ciudadanía por cerrar carreteras y obligar a la clase política sudcaliforniana a frenar momentáneamente el proyecto Los Cardones. Ya había anunciado el uso de la fuerza pública y el carácter servil de su gobierno a las fuerzas económicas internacionales desde hacía unos meses, cuando su correligionario, Armando Martínez, tomó posesión como presidente municipal de La Paz. Palabras más palabras menos, dijo que si se volvía a bloquear la carretera, ya no podría ayudar a los demandantes; como si el pueblo no tuviera el derecho inalienable a manifestarse como lo crea conveniente, como si se le tuviera que pedir permiso para defender el territorio, el futuro. Ayer sólo bastó con que la empresa inmobiliaria/turística solicitara por escrito desmantelar el campamento que más de 70 pescadores de la cooperativa Punta Lobos montaran desde hace más de tres meses sobre el acceso a la playa, para mandar más de 200 policias entre federales, estatales y municipales de Los Cabos y La Paz, y escoltar con toletes en mano a ejecutivos de MIRA Companies, ingenieros, una arquitecta y una cuadrilla de trabajadores de la construcción hacia el cascaron de hotel.

Valdría añadir que la represión fue preparada con unas semanas de antelación, y en buena medida esta fue mediática. Un par de semanas antes del violento desalojo, la mayoría de los periodista, editorialistas y medios locales –con sus honrosas excepciones–, repitieron hasta el cansancio que los pescadores de Punta Lobos habían firmado el famoso convenio para que la empresa reanudara sus trabajos en la playa. Los pescadores, a través de sus representantes legales, desmintieron ésto, sin embargo, el eco de los poderosos siguió reproduciéndose a lo largo y ancho de la península a través de las redes sociales, las ondas hertizanas, la televisión y la prensa escrita. Ese convenio apócrifo, preparado en lo “oscurito”, a espaldas de la asamblea general de la cooperativa y de la sociedad, fue el pretexto como dijimos, para que el Estado hiciera uso de la fuerza pública contra la población de Todos Santos.

En esa última semana de enero también se acosó a los extranjeros que apoyaban activamente la lucha de los pescadores. La solidaridad ha sido por diversas razones, una de las cuales, y no es la menor, es el tema del agua que afecta no sólo a los pescadores de la cooperativa, sino a la población de Todos Santos en su conjunto, incluida a la reconocida comunidad compuesta por extranjeros. Sin embargo, una lectura sencilla de la amenaza revela la dimensión mediática: por una parte la relevancia en los medios no sólo locales sino incluso internacionales que algunas personalidades como Peter Buck –ex guitarrita de R.E.M.- tienen, y por otra, la limpieza de extranjeros durante la jornada represiva, pues reprimir pescadores puede estar mal, pero está “aceptado” o “normalizado”; pero si en las imágenes y crónicas de la represión aparecen extranjeros, ahí cambia el panorama, por ello, mejor mandar policías a amenazar a sus domicilios y a la prensa vendida a reproducir el caduco mensaje de que “nadie por encima de la ley”, cuando en realidad se trató de evitar a toda costa que aparecieran en el mismo cuadro que las fuerzas policíacas represoras.

Afortunadamente la fortaleza de la resistencia contra la represión policíaca del 2 de febrero mostrada por los pescadores de la cooperativa Punta Lobos y sus familias fue acompañada minuto a minuto por medio de comunicación libres  y personas comunes que con sus celulares desde el lugar de los hechos difundieron los acontecimientos a través de las redes sociales con videos, comunicados y entrevistas en el mismo momento en que se estaba ejerciendo la represión.

El 4 de febrero pasado, dos días después del operativo, los cooperativistas se trasladaron a la ciudad de La Paz para buscar el dialogo con las autoridades. El subsecretario de gobierno que había sido categórico la mañana del 2 de febrero al anunciar que el diálogo estaba agotado, junto a la arquitecta Beatriz Ledezma, quien había dirigido el operativo de desalojo, accedieron a la petición de los pescadores de reanudar las mesas de negociación y destrabar así el problema.

Las mesas de negociación se han realizado con total hermetismo. Los pescadores de la cooperativa Punta Lobos han insistido que la base de la discusión gire en torno a sus 8 demandas, que han expuesto en diversos foros y en las mismas redes sociales. Para los representantes de MIRA Companies una de las condiciones para sentarse a la mesa con los pobladores de Todos Santos y los pescadores de Punta Lobos es el silencio.

En este contexto, artificiosamente silencioso y a unos días de cerrar el dialogo y llegar a acuerdos, la procuraduría de justicia notifica a activistas solidarios, a representantes de los Medios Libres y al abogado de los cooperativistas de la demanda interpuesta por la empresa inmobiliaria, por despojo e invasión.

Es evidente que el diálogo estuvo viciado de inicio  y sobre todo, es claro que el gobierno de Baja California Sur está respondiendo a los intereses del gran capital. Éste es el mensaje. El diálogo está evidentemente roto, y no fueron los pescadores de Punta Lobos quienes ocasionaron la fractura. Ahora es importante que los sudcalifornianos de nacimiento y por adopción, nos solidaricemos con la lucha del pueblo de Todos Santos, que en el fondo es nuestra lucha. Manifestemos nuestra preocupación y denunciemos el servilismo del Estado y su ataque contra quienes luchan y defienden lo que nos queda.

Si tocan a unx, tocan a todxs

VIDEO DE CONCEPTO BCS (Alejandro Salazar)

AMENAZAS DEL GOBERNADOR EN TOMA DE PROTESTA DE ARMANDO MARTINES

VIDEOS BAJA SUR TV

#TodosSantos marcha contra #TresSantos

#TresSantos denuncia a todosanteños

#TresSantos dirige operativo de Policia Estatal en #PuntaLobos

CRÓNICA DE PESCADORES DE LA REPRESIÓN DEL 2 DE FEBRERO DEL 2016