[OPINIÓN] EL PACTO POR MÉXICO INSTRUMENTO DEL CAPITAL

Aprobada la Ley General del Servicio Profesional Docente

Aunque no hay cifras actualizadas en la página de la Secretaría de Educación Pública Estatal, en el ciclo escolar 2010-2011 en Baja California Sur había en Inicial, Especial y Básica 147 mil 11 alumnos y alumnas atendidos por 6 mil 938 docentes, es decir 21.3 alumnos por docente; mientras que en Los Cabos   se concentraban el 39 % de las y los alumnos y 35% de las y los docentes, con un indicador de carga promedio de 23.4 alumnos por docente; sin embargo, el Secretario de la dependencia anunció en los medios que Baja California Sur que en el ciclo escolar en curso, había 865 planteles en nivel básico donde laboran 5 mil 828 docentes (1 mil 78 en preescolar, 3 mil 66 en primaria y 1 mil 684 en secundaria); en la página de la Secretaría de Educación Pública Federal están actualizadas parcialmente las cifras, pues en el ciclo escolar 2012-2013  en México había 26 millones 80 mil 377 alumnos y alumnas sólo en educación básica, mientras que en el ciclo escolar 2010-2011 había 25 millones 666 mil 451 alumnos y alumnas atendidos por 1 millón 175 mil 535 docentes de educación básica, es decir  tasa de 21.8 alumnos por docente.

La movilización nacional del magisterio democrático en contra de los legisladores del PACTO POR MÉXICO salieron a las calles  agrupados alrededor de  sus dos principales expresiones conformadas por la  Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND), de los niveles inicial (escolarizado y no escolarizado), especial (CAM, USAER) y básica (Prescolar, primaria y secundaria) que se movilizaron en un paro nacional el pasado miércoles 4 de septiembre, que representó un gran movimiento nacional y local, que desde hace mucho tiempo no sucedía o al menos no se veía; según cálculos del periódico La Jornada, se movilizaron en 22 estados alrededor de 450 mil trabajadores y trabajadoras de la educación que representan el 38% de los docentes del país, mientras que en La Paz, tan solo contabilizando los cerca de 500 trabajadores de la educación que se concentraron en el palacio de gobierno  de La Paz y los mil que se movilizaron por las calles en Los Cabos incluyendo a quienes bloquearon el aeropuerto internacional de San José del Cabo, representan tan solo ellos el 21.6 % de los docentes de Baja California Sur, más otros cientos que se quedaron en paro de las escuelas y que se movilizaron en Comondú, Loreto y Mulegé,  la cifra estimada por nosotros debe llegar a una tasa de paro de alrededor del  40%  de los docentes de inicial, especial y básica de Baja California Sur, es decir, alrededor de 2 mil 775 docentes.

Sin embargo, en los medios impresos locales del 5 de septiembre, las estimaciones que hace el Secretario de Educación Pública Estatal (que dicho de paso, en el pasado lejano era uno de los pocos panistas que participó en el magisterio democrático, al parecer en el origen del Bloque de Delegaciones y Maestros Democráticos y no sé si también en la Corriente Democrática Sindical),   es que solamente pararon 584 docentes que representa apenas el 10% (198  de La Paz, 197 de Los Cabos, 131 en Comondú, 11 en Loreto y 47 en Mulegé)   y quedaron sin clases por el paro 13 mil 774 alumnos,  lo que resulta una incongruencia, pues en las manifestaciones públicas de la mañana rebasaron más de tres veces la cifra de paro dada por el Secretario; por su parte, los voceros del Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la sección 3 del SNTE señalan una tasa de paro del 65% que representaría alrededor de 4 mil 510 docentes que imparten clase a 96 mil 63 alumnos.

Probablemente en el país todavía no haya conciencia plena de lo  negativo que es para la educación popular y para las viejas y nuevas relaciones laborales de los trabajadores de la educación y lo que  significan las reformas al artículos 3 y 73 constitucional y la reciente aprobación de sus leyes reglamentarias aprobadas por los legisladores del PACTO POR MÉXICO y sus adláteres, a saber, la Ley  del Instituto Nacional de Evaluación Educativa vinculada a la reforma del artículo 3 y la Ley General del Servicio Profesional Docente vinculada a la reforma del artículo 73 constitucional.

El 4 de septiembre, día de  la movilización y paro nacional, la Comisión Nacional Negociadora de la CNTE hizo pública la exigencia del uso del VETO PRESIDENCIAL a las leyes aprobadas, y por otro lado, existe la tentación riesgosa de participar e incidir como movimiento magisterial democrático  en la redacción de las reglamentaciones particulares que se derivan de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucional y la Ley de Servicio Profesional Docente, que obligadamente las va a realizar  (e imponer) el Estado  a través de las Secretarías de Educación Pública federal y estatales, y de los Congresos Locales. Ambas estrategias, a mi juicio, representa un desgaste innecesario, por la sencilla razón de que el PACTO POR MÉXICO (PAN, PRI, PRD y adláteres),  ENRIQUE PEÑA NIETO, MARCOS COVARRUBIAS VILLASEÑOR y el resto de los gobernadores ya tienen diseñado lo que a nivel internacional el capital  ha impuesto al país en el terreno educativo; y no van a echar al cesto de la basura, lo que han logrado en favor del capital con las aprobaciones  de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales y las leyes reglamentarias del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del Servicio Profesional Docente.

Generar expectativas en la izquierda partidaria que no está por ahora en el Pacto por México (PT, MORENA, MC y militantes marginados del PRD), como una posibilidad para incidir en la clase política dominante del PACTO POR MÉXICO y en los gobernantes de todos los colores,  me parece que es solamente una ilusión. Lo único que sucederá al final, es que se va a imponer lo mismo que se impuso ahora con la aprobación de la Ley Profesional de Servicio Docente; y la insurgencia magisterial anunciada por las grandes movilizaciones del 4 de septiembre, quedará desdibujada por muy largo tiempo, pues el “atole con el dedo”, es la mejor herramienta de la clase política, en la que ya no puede seguir confiando el movimiento social mexicano.

Hay que recordar que hace poco más de una década, primero fueron los Acuerdos de San Andrés que reconocía constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, esto fue  en 2001, que fueron negados por todos los partidos en el senado, derecha, centro e izquierda, los mismos, (PAN, PRI, PRD y adláteres) después de la masiva movilización de la sociedad civil y la marcha del color de la tierra encabezada por 23 comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y ahora, en 2013, después de una década, los mismos partidos a través del PACTO POR MÉXICO, cerraron con broche de oro el mandato del capital  en el sector educativo y aprobaron la Ley de Servicio Profesional Docente.

Lo que hicieron los Zapatistas fue suspender el diálogo con la clase política de la derecha, del centro y de la izquierda, (ahora representada en el PACTO POR MÉXICO) construir en 2003, dentro del territorio zapatista una estructura para ejercer su propia autonomía en los caracoles a través de un autogobierno que manda obedeciendo que tomó la forma de Juntas de Buen Gobierno en las Zonas y municipios autónomos rebeldes con autoridades locales, con su propio sistema educativo zapatista, sin que intervenga, obviamente, la Secretaria de Educación Pública, su propio sistema de salud zapatista, etcétera; y esto que formaron, no es otra cosa más que una forma de vida y de organización alternativa a la lógica que está imponiendo el capitalismo en la vida nacional; en mi opinión, ojalá que algo parecido haga nacionalmente la insurgencia magisterial, pues no hay que menospreciar ese casi 40% del magisterio democrático que se movilizó contra las reforma educativa del capital  a nivel nacional y local;  lo mejor es confiar en sus propias fuerzas, que no son pocas: tienen un territorio muy amplio en las escuelas, en la zona rural,  en los ejidos, en las comunidades indígenas, en los pueblos y en los barrios urbanos donde viven con los padres de familia, los niños y niñas a quienes les imparten clases; tienen la capacidad no solo de diseñar un sistema educativo de la insurgencia magisterial alternativo, sino de llevarlo a la práctica en al menos el 40% del territorio nacional, en forma autónoma y autogestionaria. En mi opinión, para los próximos años y décadas, esa será una de las varias alternativas autonómicas y autogestionarias en México, si antes no actúa la represión del Estado, como ya se ha experimentado .  La clase política partidaria de derecha, de centro y de izquierda, ya está demasiado descompuesta y corrompida… Desafortunadamente, todavía muchos sectores del movimiento magisterial siguen confiando  en el dialogo con esa clase política y a veces hasta con la esperanza de la llegada al gobierno de un redentor  que cambiará las cosas. El capital ya decidió cambiar el sistema educativo nacional en favor del interés privado, hay que darle la vuelta y movilizarse desde abajo por un sistema educativo alternativo de la insurgencia magisterial (no hay que echar en saco roto la experiencia zapatista). ¿Cómo?… ese es el problema, pero de alguna forma se puede empezar, hay experiencia, hay movilización, hay influencia en el territorio de las escuelas y su periferia, hay confianza de los padres de familias, de los niños y niñas, de las y los adolescentes, de jóvenes y jóvenes de las escuelas formadoras de docentes, o sea las normales, que dicho sea de paso, con la aprobación de las leyes reglamentarias, sus egresados y egresadas, quedan desplazados aún más.

 Escrito por Gilberto

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Publicado el 7 septiembre, 2013 en Sin categoría y etiquetado en . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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