GOBIERNO PERSIGUIÓ A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y SEMBRÓ PRUEBAS FALSAS PARA INCRIMINARME: JOHN MORENO

Por John Moreno Rutowski, abogado y activista

En una clara contradicción al discurso oficial del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, de que se aplica la ley en la entidad y que existe el Estado de Derecho y pleno respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, el mandatario ha incurrido en una actuación opuesta y contradictoria en el caso Tres Santos.

Desde el inicio del conflicto, que desembocó en el desalojo violento por parte de 200 granaderos a un población de pescadores de la comunidad de Todos Santos, Baja California Sur, tras la llegada del megaproyecto inmobiliario de Tres Santos, vinculado a Mira Companies y al cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Jerónimo Gerard, se solicitó la intervención de la autoridades competentes, el dialogo, y un proceso de mediación y conciliación para resolver un problema con evidentes irregularidades y afectaciones tanto para civiles como para el ecosistema.

La respuesta de la autoridad fue simulación, obstrucción, opacidad y desinterés, y, ante la falta de seriedad y formalidad de las autoridades, la comunidad afectada manifestó su inconformidad a través de la protesta social. La respuesta de las autoridades fue continuar con la simulación y la omisión, además, incurrieron en la represión, humillación, difamación e intimidación.

Ante la falta de voluntad política para hacer cumplir la ley y ante la evidente parcialidad en favor del desarrollador, se optó por presentar una serie de denuncias y demandas ante las autoridades competentes. Nuevamente, la autoridad ignoró y desestimó sin fundamento las peticiones legales y persiguió penalmente a los inconformes, lo que culminó en mi detención el pasado 19 de mayo de 2017, en un proceso caracterizado por investigaciones simuladas, falsificación de firmas, de constancias y de diligencias ministeriales.

Una vez detenido, el aparato judicial, con instrucción del Ejecutivo, encabezado por Carlos Mendoza Davis, distorsionó el proceso penal, aplicando de manera arbitraria la ley para sujetarme a proceso y mantenerme privado de mi libertad, aun cuando no existen pruebas de la inexistencia de delito alguno y de tener el derecho de gozar de mi libertad aunque fuese bajo fianza.

Estos hechos representan una franca violación a mis garantías constitucionales y derechos humanos. La autoridad pasó de ser negligente, a participar activamente en la represión y persecución criminal de personas que en todo momento lo único que han pedido es que cumplan con sus obligaciones y respeten ley y la Constitución, tal y como juraron y protestaron al asumir sus cargos.

Mi delito es haber exigido que cumplan con dicho mandato, y la autoridad que no cumple con su deber legal, es una autoridad que carece de legitimidad.

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Publicado el 21 julio, 2017 en Sin categoría y etiquetado en , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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